AIDESEP Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LORETO Y UCAYALI EXIGIMOS SE DECLARE INVIABLE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA Y DENUNCIAMOS LA CONTINUA VULNERACIÓN DE DERECHOS INDÍGENAS Y AMBIENTALES

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Los pueblos indígenas, organizados en 1800 comunidades a nivel nacional y articulados en  AIDESEP, y de manera específica representados a nivel regional para la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO, la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo – CORPI-SL, y la Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU, queremos expresar nuestra más profunda preocupación y rechazo por las condiciones en las que viene avanzando el proyecto Hidrovía Amazónica (Expediente T-EIAD-00073-2019), y queremos alertar a la ciudadanía de los riesgos que esto puede traer para los pueblos indígenas, para la población amazónica y la Amazonía en general.

Este proyecto, que supuestamente busca mejorar la navegabilidad en la Amazonía, viene avanzando con una serie de vacíos, ausencias y vulneraciones a derechos que demandamos y señalamos a continuación; y al ser muy parecido a lo ocurrido con la Interoceánica Sur, debe alertar al país para que no se repita otro escándalo internacional:

1. No existen estudios en el Perú sobre el comportamiento de nuestros ríos, sobre lo que pasa en el fondo de ellos, y sobre la importante función de los sedimentos para los procesos biológicos y físicos del río y de las áreas inundables. El Estado no conoce científicamente cuál puede ser la afectación a las condiciones físicas de los ríos. En este contexto, promover un proyecto que busca dragar por 20, 40 años o más, a 4 de los principales ríos de toda la cuenca amazónica sudamericana (Amazonas, Marañón, Ucayali y Huallaga) sin tener información científica rigurosa e histórica, condena al proyecto a no identificar bien los impactos, a abrir la puerta a sospechosas “adendas” para ajustar el proyecto, y a ser un completo riesgo para la pesca, la vida y la seguridad alimentaria en la Amazonía.

2. El proyecto avanza a ciegas. No solo no hay estudios previos de carácter físico y ecosistémico, sino que no existe una serie de estándares de medición y manejo de tóxicos en sedimentos. Por ello, el Estado peruano viene usando para el EIA, estándares de países como Brasil. Además, hay reglamentos en transporte fluvial que no están listos, como el de sanciones e infracciones en materia ambiental y el reglamento nacional de transporte fluvial, los cuales vienen siendo esperados hace 4 años como parte de los acuerdos de la consulta previa del 2015. Tampoco ha concluido después de años el proceso de transferencia de funciones en materia de fiscalización del MTC a la OEFA. Todo esto incrementa la incapacidad de control y los riesgos de este proyecto. 

3. Los números no cuadran. El Estudio de Factibilidad del 2012 señala que un 15% del tráfico que favorecerá la hidrovía es “supuestamente” para el transporte de soya del Brasil. Sin embargo, el mismo estudio dice que cambiar la ruta y llevarla hacia la hidrovía aumentaría en 50% los costos. Además, las embarcaciones que transportan esa soya en Brasil usan un canal de 3.5 metros, y la Hidrovía solo asegura uno de 2.4 metros. Se mencionó en las rondas de talleres que el costo de los pasajes bajaría, que habría más transporte, pero hasta ahora no tenemos ninguna certeza sobre esto, ni ninguna fórmula que pueda garantizarlo. No puede imponerse tremendos impactos con ilusiones y promesas en el aire.

4. Debilidad y afectaciones a la participación de los pueblos indígenas. Durante el 2018 se llevaron a cabo talleres informativos en dos rondas, y AIDESEP presentó un informe con una larga lista de observaciones sobre su implementación. Se llamó la atención sobre el deficiente enfoque intercultural y cambio de traductores a último momento, sobre la falta de uniformidad en la información, la falta de claridad sobre los posibles impactos, y la ausencia de información sobre componentes claves del proyecto como los puntos del dragado, las quirumas y el mijano. Además, uno de los motivos de las observaciones del SENACE para no aceptar el EIA presentado por la empresa fue que faltó incluir uno de los talleres informativos, ante lo cual, la empresa alegó que la información de ese último taller fue la misma que se dio en los demás y no ameritaba cambio alguno en el EIA presentado. Rechazamos tanta falta de seriedad e irresponsabilidad.

5. No se han incluido los saberes indígenas. Dentro de los más de 70 acuerdos de la consulta previa del 2015, varios están relacionados a los puntos anteriores, que como vemos han sido vulnerados. Pero, uno fundamental fue la incorporación de los saberes indígenas en el EIA. Esto se pensó atenderlo con la participación de sabios indígenas, quienes han cuestionado públicamente habérseles reducido a un rol de acompañamiento y no de diálogo permanente de conocimientos. Además, los documentos de la empresa, muestran un alarmante e inaceptable desconocimiento de la cosmovisión indígena y su relación con la gestión del territorio, recursos naturales y los ríos. Esto aumenta el peligro en la identificación de los impactos y la gestión de estos.

En vista de lo señalado y ante la preocupación de nuestras comunidades y organizaciones base, AIDESEP, ORPIO, CORPI-SL y ORAU hemos solicitado nuestra participación como Terceros Interesados en el marco del artículo 60.3 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) “los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él”. Con ello, buscamos ser garantes del proceso, fortalecer nuestro derecho al acceso a la información y hacer llegar de manera oportuna nuestras observaciones. Sin embargo, la empresa titular del proyecto ha cuestionado esta solicitud señalando que “no podemos decir que no hemos participado adecuadamente”.  Al contrario, los puntos ya enumerados dejan claro que se ha afectado nuestro derecho a la participación y consulta “libre, previa, informada y de buena fe”, al no contar con garantías, ni información clara sobre el desarrollo del proyecto. Ya el SENACE ha observado el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa hasta en 2 ocasiones, y en una tercera presentó observaciones de forma, señalando una serie de faltas e incumplimientos a los términos de referencia.

Nos queda claro que, en este contexto, el MTC no tiene las capacidades ni la voluntad para enfrentar y controlar un proyecto de este tipo. No solo por los vacíos legales, sino por la falta de claridad técnica y científica, y por el profundo desconocimiento de la realidad amazónica. Todo esto alarma también porque se pueden repetir experiencias como la de la carretera Interoceánica Sur. Caso donde los errores en el cálculo de la demanda, y la falta de rigurosidad en la identificación de beneficios e impactos socioambientales, terminó con un proyecto sobrevaluado, con adendas vinculadas a la corrupción y coimas, bajo tres gobiernos nacionales, y que en este momento solo es usada por menos del 2% de las exportaciones que van del Perú a Brasil. El mismo MTC del desastre de la Interoceánica Sur no puede ni debe repetirlo en la hidrovía amazónica.

En tiempos donde los casos de corrupción se individualizan, nosotros alertamos que esta se mantiene y perdura en el sistema de “dictadura de la infraestructura”. Lo que lejos de superar y aprender de experiencias nefastas, nos pueden hacer caer nuevamente en el círculo vicioso de la corrupción, donde los más afectados somos todas y todos los peruanos que pagaremos “adendas”, “imprevistos” y ganancias al inversionista chino. Todo ello nos lleva a preguntar, ¿por qué insistir tanto con este proyecto? ¿cuáles son los intereses detrás de esto?

Por todo lo expuesto, exigimos:

  1. Debate nacional, serio, técnico y abierto sobre la identificación de impactos que este proyecto trae para nuestros territorios y para la Amazonía. Intervención de la Contraloría, Defensoría del Pueblo y Comisión de Pueblos y Ecología del Congreso.
  2. Conocimiento y difusión de los Estudios Definitivos de Ingeniería que sustenten la información técnica y científica sobre los puntos críticos que serían afectados por el dragado y remoción de quirumas. Sumando a los vacíos ya señalados, esta información es fundamental para el EIA, sino este sería un conjunto de palabras sin sustento.
  3. Promover reuniones con las más de 400 comunidades directamente afectadas, que se realicen en sus propios territorios.
  4. Declarar la inviabilidad de este proyecto por su grave amenaza a los pueblos y amazonía, aplicando el principio precautorio, ante los vacíos y ausencias técnicas, científicas y legales, y falta de cumplimiento de los acuerdos de consulta previa del 2015.
  5. Rechazar las próximas audiencias públicas sobre el proyecto, por efectuarse con la misma ceguera e irresponsabilidad técnica, y solo como un trámite burocrático para confundir a la opinión pública.

LA HIDROVÍA y EL DRAGADO NO VAN
 NO A LA DICTADURA EN LA INFRAESTRUCTURA
NO MÁS PROYECTOS IMPUESTOS POR INTERESES EXTERNOS