Aidesep presenta su agenda forestal comunitaria a la cooperación internacional

Más de veinte organizaciones internacionales recibieron información detallada de la propuesta y aportaron a la misma desde sus especialidades.

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Son más de 12.7 millones de hectáreas de bosque que representan el 18% de los bosques naturales de la amazonía peruana y están ubicadas en comunidades nativas tituladas. Estos bosques mueven la economía forestal del país portando en 37% a la producción, superando incluso a la madera que sale de las concesiones forestales.

En sentido son las comunidades indígenas las que gestionan la actividad forestal de una forma sostenible en el país, pero, existe una seria dificultad en sus capacidades en materia de asistencia técnica para afrontar la normativa forestal del país; esta situación ha detonado en una multa de más de 111 millones de soles (2009-2019) a 650 comunidades con permisos forestales, tal como lo dio a conocer en Roxana Ramos, sub-directora en el proyecto USAID Pro-Bosques, quien agregó que son 172 permisos en comunidades que fueron caducados por faltas graves en la práctica de aprovechamiento.

El evento virtual en mención tuvo lugar el 16 de marzo del presente año y contó con la participación de técnicos indígenas, miembros de la junta directiva de Aidesep, el equipo de USAID Pro-Bosques y los aliados de cooperación, DAR, WWF, Forest, GIZ, FSC Perú, SPDA, Proyecto Combatiendo Delitos Ambientales, UE, USAID, AIDER, KFW, COSUDE, CI, Viridis Terra, Earth Innovation, FAO, WCS, BM, UK, Noruega, NORAD, FCPF, EE. UU, NICFI, BMZ.

Hablemos de propuestas

Los participantes a este evento de socialización aportaron que se necesita instalar, es decir, tomar las que ya existen y mejorarlas para no empezar de cero, ya que, en el país, se viene trabajando el tema desde hacer 20 años. Jaime Nalvarte, de AIRDER, añadió que no es suficiente el manejo sostenible, es necesario que tanto la empresa privada, cooperación internacional y el estado inyecten fondos para ir fortaleciendo capacidades e ir tomando ejemplos exitosos que ya existen, como es el caso de los pueblos indígenas de Canadá. Al finalizar su intervención dijo que se debería implementar un modelo de alianza forestal que debe trabajar una política de incentivos y aprovechamiento integral del bosque.

A su turno, Alonso Cordova, de WWF, evidenció que hace falta consenso en el sector forestal y mayor inclusión de las comunidades indígenas amazónicas, es decir que si queremos promover una agenda forestal responsable, desde el estado se debe asegurar la certificación y el comercio justo.

Marco Romero, de SCP Perú, argumentó que las comunidades nativas realizan un esfuerzo enorme para trabajar la certificación forestal, por lo que se asociación con madereros privados, que si hicieran una excelente gestión podrían vender madera con valor agregado que es lo más importante si queremos fortalecer la economía de las comunidades.

Por su parte, Max Silva, Abogado y técnico de ORAU, resumió que el tema pasa por ejes, primero el fortalecimiento de la institucionalidad indígena mediante AIDESEP y su estructura, luego el fortalecimiento de las veedurías forestales (Un modelo aplicado por AIDESEP desde hace varios años atrás), asimismo un presupuesto que garantice la actividad forestal en igual de condiciones de las comunidades y por último,  fortalecer el control y vigilancia comunal del territorio, que esta administración indígena tenga valor en las instancias del gobierno.

Respecto a las invasiones que causan deforestación en la amazonía, Marioldy Sanchez de AIDER, expresó que una medida eficiente de frenar las invasiones es garantizando la seguridad jurídica territorial de las comunidades, teniendo en cuenta el rol de la mujer indígena en la vigilancia forestal.

Finalmente, Lizardo Cauper sentó posición respecto a la propuesta de agenda forestal comunitaria rumbo al bicentario, indicando que la amazonía ya está cansada de ser el que aporta solo con materia prima sin contar con un mecanismo para general valor a la madera, es decir, que si se viene desarrollando la actividad forestal como hasta ahora “representa para nosotros un peligro que acorta nuestros derechos y nos niega la posibilidad de desarrollarnos con identidad para garantizar la conservación eficiente del bosque administrado por nosotros”.